Resumen: Demanda en la que, con carácter principal, se ejercitó una acción para que se declarara la nulidad radical y de pleno derecho de la orden de compra del bono estructurado que había adquirido para sí y, subsidiariamente, de anulación por vicio del consentimiento; con la consecuencia, en ambos casos, de que se acordara la restitución recíproca de las prestaciones. Subsidiariamente respecto de las anteriores pretensiones, se ejercitó una acción en la que solicitó la resolución, por incumplimiento de la demandada del contrato de servicios de inversión y del contrato de adquisición del producto con la condena a indemnizarle en el precio invertido en el producto que no ha podido recuperar. En primera instancia se estimó la excepción de caducidad respecto de la acción de anulación del contrato por error vicio y desestimaron las demás acciones. La AP estimó en parte el recurso del demandante y con él, la acción de resolución por incumplimiento contractual pues consideró que el banco no facilitó la información adecuada con suficiente antelación a la celebración del contrato ni realizó el test de idoneidad. El Banco interpone recurso de casación y extraordinario por infracción procesal. La sala estima el primero al considerar que la infracción de los deberes de informar sobre la naturaleza y riesgos del producto antes de su contratación puede dar lugar a una acción de anulación del contrato o a una acción de indemnización pero no puede fundar una pretensión de resolución de contrato.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda y condena a la parte demandada a abonar a la actora la suma reclamada al apreciar que esta habría incurrido en responsabilidad contractual, al incumplir los deberes de información inherentes a la relación de asesoramiento existente entre las partes en relación con un contrato de permuta financiera.Argumenta el tribunal en sintesis que para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios no es óbice que la relación jurídica estuviera conclusa o consumada, puesto que lo relevante es que no estuviera prescrita y cuando se interpuso la demanda la acción no estaba prescrita ya que la apelante no tiene en cuenta la suspensión de plazos de prescripción y caducidad acordada legalmente por el estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19( DA Cuarta RD 463/2020 de 14 de marzo). No hay prueba alguna sobre la información dada al cliente sobre los riesgos del producto más allá de la genérica y manifiestamente insuficiente contenida en la carta de confirmación en términos generales, y en alguno de los casos sin relación con el tipo de permuta acordada.Además estamos ante un cliente clasificado como minorista, al que no solo no se le ha sometido al necesario test de conveniencia, sino tampoco el de idoneidad.
Resumen: Confirma la desestimación de la demanda. Se ejercitan acciones de nulidad relativa por vicio de consentimiento y subsidiaria de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento del deber de información en la contratación de acciones Banco Popular. No se acredita que la entidad hubiera infringido el deber de información sobre sus estados contables, recogidos en las cuentas anuales, de que representaba la imagen fiel de la entidad, mucho menos respecto de acciones adquiridas en 2007 por las que se han obtenido unos rendimientos y se ha tenido la posibilidad de venderlas y recuperar la inversión.
Resumen: Se solicita la nulidad del contrato marco y la permuta financiera de tipos de interés suscritos con el banco, solicitando se dejen sin efecto los cargos y abonos efectuados por la demandada. Estimada la demanda recurre el banco. El contrato de permuta financiera de tipos de interés ("swap") es un contrato aleatorio e imprevisible por el cual respecto de una cantidad nominal previamente pactada se cargaran o adeudaran al contratante por la entidad bancaria determinadas cantidades atendiendo a la fluctuación al alza o a la baja de los tipos de interés. Se trata de un contrato de difícil comprensión y complejidad, que impone una obligación especial de información por parte del banco al cliente. El banco no ha acreditado ni que le realizara el test de idoneidad ni que proporcionara a la demandante la información necesaria para que pudiera prestar un consentimiento cabal e informado sobre el producto que iba a contratar, que se salía por completo de la línea de productos comunes que se venían contratado por la actora. Consta que se ofertó el producto frente a las tendencias alcistas de los tipos de interés, pero sin darle una explicación a través de la cual pudieran comprender y entender el verdadero alcance del mismo, o el posible coste que pudiera tener de optar por la cancelación. Se estima la existencia del error, que se considera excusable ante la falta de información suministrada, no siendo suficiente el mero contenido del contrato y su lectura, para cumplir esa obligación.
Resumen: Acción de nulidad por error vicio del consentimiento en la adquisición de títulos de deuda subordinada y, subsidiariamente, acción resolutoria contractual, con condena en ambos casos a reintegrar a los demandantes el importe de la pérdida sufrida. La demanda tiene su causa en la suscripción de deuda subordinada, canje por acciones de la misma entidad y pérdida respecto de la inversión inicial. La demanda fue estimada en apelación al considerar la Audiencia que concurrían los requisitos para estimar la resolución contractual. La cuestión jurídica planteada en el recurso de casación ya ha sido resuelta por la jurisprudencia: en la comercialización de los productos financieros complejos sujetos a la normativa MiFID, el incumplimiento de las obligaciones de información por parte de la entidad financiera podría dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del contrato por error vicio en el consentimiento, o a una acción de indemnización por incumplimiento contractual, para solicitar la indemnización de los daños provocados al cliente por la contratación del producto a consecuencia de un incorrecto asesoramiento. Pero no puede dar lugar a la resolución del contrato por incumplimiento. Aun cuando se considere que la entidad de servicios de inversión no cumplió debidamente sus deberes de información y que ello propició que el inversor no conociera los riesgos inherentes al producto que contrataba, no resulta procedente una acción de resolución del contrato por incumplimiento.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la orden de compra de acciones de Banco Popular/emisión del año 2016 por ampliación de capital. El tribunal de apelación estimó el recurso, revocó la sentencia y acordó desestimar la demanda. El tribunal aplica la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que rechaza el ejercicio de la acción para reclamar indemnización o para solicitar la nulidad del contrato con base en la pérdida de valor de las acciones cuando la autoridad de resolución acordó su total amortización en un proceso de reestructuración bancaria. El tribunal equipara la acción de responsabilidad y la de nulidad por conducir a un mismo resultado indemnizatorio en relación con una entidad sometida a resolución, cuando la autoridad de resolución decide amortizar las acciones y reducir su valor a cero.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de adquisición de acciones de Banco Popular y, subsidiariamente, responsabilidad por información errónea sobre la situación patrimonial de la entidad. El tribunal de apelación estimó el recurso interpuesto, revocó la sentencia recurrida y acordó desestimar la demanda presentada y absolver a la demandada. Expone el tribunal la jurisprudencia establecido por el TJUE que rechaza la legitimación de los accionistas para reclamar por la pérdida de valor de sus acciones cuando la entidad emisora queda sujeta a un proceso de resolución y por la autoridad competente se acuerda la amortización de las acciones.
Resumen: La sala hace un estudio de la jurisprudencia sobre los contratos SWAP, y concluye que conforme a la más moderna se admite la acción de reclamación de daños y perjuicios del art. 1101 CC cuando el banco no ha informado de una manera completa, suficiente y comprensible a su cliente de las posibles consecuencias de las fluctuaciones al alza o a la baja de los tipos de interés y de los elevados costes de la cancelación anticipada. De acuerdo con la jurisprudencia y la normativa MIFID, la carga de probar que el cliente ha sido debidamente informado de la naturaleza y riesgos del contrato de mención, que se considera sujeto a ella y de alto riesgo y complejidad, corresponde al banco. Estudia también la sala el motivo de apelación en que se afirma error en la valoración de la prueba sobre la concurrencia de los necesarios elementos de toda responsabilidad contractual: incumplimiento por dolo culpa o negligencia, daño y relación causal entre uno y otro. Se hace condena en costas al demandado porque se estima que ha habido una estimación sustancial de la demanda.
Resumen: Acción de anulabilidad por error vicio en la suscripción de acciones de Bankia y subsidiaria de responsabilidad por daños y perjuicios del art. 38 LMV o de los arts. 1101 y 1124 CC. En primera instancia se estimó la acción resolutoria contractual pero en apelación se desestimó la demanda. Inexistencia de un error patente en la valoración de la prueba. Improcedencia de plantear una cuestión jurídico-sustantiva como la relativa a cuando se inicia el plazo de caducidad de la acción. Inexistencia de incongruencia omisiva. Aunque la SJPI no resolvió sobre la acción indemnizatoria de la LMV, la demandante no solicitó el complemento de la sentencia ni alegó en el recurso de apelación la incongruencia omisiva. Caducidad de la acción de anulabilidad por error vicio por inexactitudes del folleto: el dies a quo debe ser aquel en que el comprador pudo apercibirse de su error, en este caso la fecha en que se reformularon las cuentas de Bankia, se suspendió su cotización en Bolsa y la entidad solicitó una inyección de capital. El plazo del art. 1301 del Código civil es de caducidad y, como regla general, no es susceptible de suspensión ni de interrupción. Posible suspensión del plazo en casos de prejudicialidad penal: la clave radica en decidir si los hechos investigados en el proceso penal y los que han sido objeto de la demanda civil «son sustancialmente los mismos» y su vinculación para la jurisdicción civil. Nexo causal entre incumplimiento y daño por pérdida del valor de las acciones
Resumen: Interpretación estricta de las limitaciones al derecho de acceso a la información y de las causas de inadmisión de solicitantes de información: inoperatividad de de la causa de inadmisión de solicitud de información contemplada en el art.18.1 c) de la Ley 19/2013 cuando quien invoca la misma no justifica de modo claro y suficiente que resulta necesario el tratamiento previo o reelaboración de la información. La acción previa de reelaboración, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas, complejidad que en el presente caso no se aprecia. Reconocimiento del derecho de acceso a la información pública a todas las personas sin requerir acreditación de un determinado interés.
